CIUDAD VALLES, SLP – Más de cuatro vehículos destruidos por el fuego en menos de tres semanas, propietarios con pérdidas totales, vecinos con miedo y un nombre que se repite en cada caso: “La Telerina”. Una mujer en situación de calle con trastornos mentales que las autoridades conocen, identifican, retienen… y vuelven a soltar. El argumento es siempre el mismo: no se le puede procesar. Lo que nadie explica es por qué tampoco se hace lo que la ley ordena.
Una cadena de incendios que no para
El primer antecedente reciente data del 28 de mayo, cuando una camioneta Mazda color gris fue consumida por el fuego junto a la Escuela Secundaria Dunstano Gómez Castillo, en la zona sur de la ciudad. No hubo detenidos.
El jueves 12 de junio, en la madrugada, un Nissan Sentra gris empezó a arder cerca de la Central de Autobuses. Un testigo anónimo llamó al 9-1-1 y señaló haber visto a “La Telerina” prender fuego a la unidad. Bomberos controlaron el incendio, pero la mujer no fue localizada.
Horas después, la mañana del mismo viernes, una camioneta Hyundai Creta color guinda, propiedad de una maestra de la misma secundaria, quedó reducida a chatarra. Esta vez sí fue detenida en el lugar. Vecinos y policías respiraron aliviados… por unas horas.
Porque en la madrugada del sábado 13 de junio, una camioneta Ford Edge estacionada sobre la calle Roberto Pérez Delgadillo, casi esquina con el bulevar México-Laredo, en el fraccionamiento Central Comercial, ardió en llamas alrededor de las 4:30 de la mañana. Su propietario, Jorge “N”, dormía en el hotel Villa Azul cercano cuando ocurrió el siniestro. Las autoridades volvieron a señalar a “La Telerina” como sospechosa. Ella ya no estaba detenida.
Cuatro vehículos. Cuatro pérdidas totales. Un mismo nombre. Cero soluciones.
“No podemos hacer nada”: el argumento que no se sostiene
La respuesta institucional ha sido siempre la misma: la mujer padece trastornos mentales y por ello no puede ser sometida a proceso penal. El director de Seguridad Pública Municipal, Juan Herrera Sierra, ha reconocido además que tienen identificadas al menos 10 personas en situación similar en la zona centro, responsables de daños a vehículos e incendios, y que en todos los casos la policía solo puede intervenir de forma preventiva: retirarles objetos peligrosos, revisarlas y dejarlas ir.
Lo que las autoridades omiten decir es que la ley no se detiene ahí. La inimputabilidad no es sinónimo de abandono institucional. Es, en realidad, el punto de partida de un mecanismo legal que nadie en Ciudad Valles ha activado.
Lo que dice el Código Penal de San Luis Potosí
El Artículo 62 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí establece con claridad que cuando la causa de inimputabilidad de una persona sea permanente, la autoridad judicial dispondrá una medida de tratamiento, ya sea en internamiento o en libertad, previo el procedimiento penal respectivo. En caso de internamiento, la persona será remitida a la institución correspondiente durante el tiempo necesario para su cuidado y control.
El Artículo 77 del mismo ordenamiento señala que el juez, al aplicar una medida de seguridad para sujetos inimputables, determinará si quedan internados para su tratamiento o son entregados a sus familiares para que los atiendan.
Y la Ley de Penas y Medidas de Seguridad del Estado va más lejos: faculta al Juez de Control para decretar el internamiento en un centro de salud, centro de atención a adictos u hospital psiquiátrico cuando el estado de salud del imputado así lo amerite, ordenando que la resolución sea remitida a la Secretaría de Salud, quien quedará a cargo de la ejecución y vigilancia de la medida.
La ley no dice “déjenla ir”. La ley dice “inicien el procedimiento”.
El papel que le toca a la Fiscalía General del Estado
