– El Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado ordenó la diligencia ante el impago de más de 507 mil pesos en prestaciones laborales; la asociación de padres de familia tiene tres días para reinstalar a la docente
CIUDAD VALLES, SLP – En cumplimiento a una sentencia definitiva del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, fue ejecutada esta tarde una diligencia de embargo en las instalaciones de la Escuela Primaria Antero G. González, turno matutino, en contra de su Asociación de Padres de Familia, por el impago de prestaciones laborales derivadas del despido injustificado de una maestra de inglés.
Así lo informó el abogado defensor Matilde Hernández, quien representó a la trabajadora en el proceso y estuvo presente durante la ejecución del embargo.
Los hechos
De acuerdo con el litigante, la docente fue separada de su cargo sin justificación alguna el 25 de noviembre de 2023, señalando como responsable al director del plantel, identificado como Hernández Hernández, quien habría tomado esa decisión con el respaldo de la mesa directiva de la asociación de padres.
El juicio ante el Tribunal Laboral fue iniciado en 2024, y la sentencia fue dictada el 11 de febrero del presente año. El fallo ordena la reinstalación inmediata de la maestra, el pago de todas las prestaciones generadas desde su separación y la liquidación de las cuotas obrero-patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
El embargo
Al no haber cumplimiento voluntario a la sentencia, el tribunal procedió a la ejecución del embargo. Durante la diligencia se requirió primero el pago a la asociación y se le solicitó que señalara bienes propios; al negarse, las autoridades procedieron a inventariar y asegurar varios bienes del plantel, entre ellos equipos de cómputo —cuyo número exacto quedó asentado en el acta oficial— y aires acondicionados.
El monto de la condena asciende a 507 mil pesos, sin incluir aún las cuotas patronales pendientes ante el IMSS. Casafanas advirtió que dicha cifra continuará incrementándose mientras persista la negativa de reinstalación, ya que las prestaciones siguen generándose.
En caso de que los bienes embargados no alcancen a cubrir el total de la condena, el embargo podría ampliarse a las cuentas bancarias de la propia asociación, donde se concentran las cuotas aportadas por los padres de familia.
Plazo y advertencia
La asociación fue notificada con un término de tres días para dar cumplimiento al mandato de reinstalación. El abogado fue enfático en señalar las consecuencias de no acatar la resolución: “Puede haber sanciones, multas, arresto e incluso la aplicación de pena de prisión por desacato a un mandato legítimo de autoridad”, advirtió.
El abogado precisó que, si bien la demanda está dirigida formalmente contra la asociación de padres de familia, considera al director del plantel como el autor intelectual de la situación: “Él es el que la corrió, él es el que la despidió”. Además, el litigante dejó entrever que existen presuntas irregularidades adicionales en el manejo de pagos a otros docentes, asunto que, dijo, será parte de procesos ulteriores.
El caso fue ventilado previamente ante autoridades educativas de la escuela, la supervisión de zona y la URSEHN sin que se lograra una solución.
