SAN LUIS POTOSÍ – La aprobación de la llamada Ley Gobernadora en San Luis Potosí ha colocado sobre la mesa un debate que no puede reducirse a una consigna política. No se trata de cuestionar la capacidad de las mujeres para gobernar, algo incuestionable, sino de analizar cómo y para qué se legisla.
La reforma que obliga a que en 2027 solo mujeres puedan competir por la gubernatura se presentó como un avance en igualdad de género. Sin embargo, la forma en que fue aprobada genera más dudas que certezas. La paridad ya está garantizada en la legislación electoral; imponer una exclusión absoluta para una sola elección parece más una decisión política que una necesidad jurídica.
El mayor problema no es el fondo, sino el procedimiento. Una reforma de esta magnitud se aprobó sin un debate público amplio, sin consultar a especialistas ni a colectivos ciudadanos. La democracia no se fortalece con decisiones apresuradas ni con acuerdos de cúpula; se construye con deliberación y transparencia.
Además, existen cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Si el marco legal federal ya establece reglas de paridad, forzar una reforma local podría entrar en conflicto con principios básicos de equidad y libre competencia electoral. Legislar sin claridad jurídica abre la puerta a impugnaciones y a una eventual judicialización del proceso.
Paradójicamente, la ley podría terminar afectando a las propias mujeres que busca impulsar. Una candidatura surgida bajo una regla controvertida corre el riesgo de ser percibida como producto de una imposición, no de una competencia legítima.
La igualdad de género es una causa justa y necesaria, pero no debe utilizarse como atajo político. Si la paridad se impone sin consenso social, pierde fuerza moral. San Luis Potosí necesita más mujeres en el poder, sí, pero también necesita leyes que nazcan del diálogo, no de la sospecha.
