CIUDAD VALLES, SLP – Este lunes por la tarde, vecinos de la ciudad compartieron en grupos de WhatsApp imágenes y reportes de al menos dos personas en aparente estado de intoxicación en la vía pública. Una de ellas fue captada recostada en el pavimento sosteniendo una botella; otra fue reportada semidesnuda en el bulevar, cerca de la tienda Comex. Los mensajes señalaban que al menos uno de los individuos se encontraba bajo los efectos de inhalantes.
Las imágenes generaron preocupación entre los habitantes, quienes cuestionaron la ausencia de atención por parte de las autoridades.
¿Qué debe hacer la autoridad en estos casos?
Ante una situación así, el protocolo correcto implica que cualquier ciudadano puede marcar al 911 para activar una atención de persona en situación de vulnerabilidad. Lo que debería seguir es que la Policía Municipal asegure el área y proteja a la persona, paramédicos o personal de salud la valoren médicamente, se canalice a un centro de salud, módulo de atención o albergue según el caso, y el DIF o instancias de salud mental den seguimiento.
En papel, el sistema existe. En la práctica, la coordinación entre seguridad pública y salud es el punto que más frecuentemente falla.
¿Qué dice la ley?
El Reglamento de Policía y Buen Gobierno faculta a los cuerpos de seguridad municipal para intervenir cuando una persona representa un riesgo para sí misma o para otros, ya sea por intoxicación o cualquier otra causa. Pueden retenerla temporalmente y ponerla a disposición del Juez Cívico.
Pero la Constitución también es clara: el artículo 1° obliga a todas las autoridades a respetar los derechos humanos de cualquier persona, y el artículo 4° garantiza el derecho a la salud, lo que incluye atención a personas con adicciones. Eso significa que la respuesta del Estado no puede limitarse a retirar a alguien de la calle: debe garantizarle atención.
La Ley de Salud de San Luis Potosí y organismos como la CESSA (Coordinación Estatal de Salud Mental y Adicciones) y los Centros de Integración Juvenil tienen el mandato de atender estos casos, aunque su capacidad operativa es limitada.
¿Hay un vacío legal?
No exactamente. Las herramientas jurídicas existen, pero hay un problema real: no hay protocolos claros que obliguen a las instituciones a coordinarse cuando se presenta una situación como esta. Sin un procedimiento definido, la respuesta queda en manos del criterio del agente en turno, lo que puede derivar tanto en omisión total como en intervenciones inadecuadas.
Ese es el verdadero hueco: no en la ley, sino entre la ley y su aplicación.
Lo ocurrido este lunes no es un hecho aislado. Es un recordatorio de que San Luis Potosí tiene el marco normativo para atender estas situaciones, pero le falta lo más básico: que ese marco se traduzca en acción coordinada y oportuna en la calle.
