CIUDAD VALLES, SLP – Tras el ataque a dos menores y la posterior muerte del animal amarrado a un poste, el gobierno municipal admite que sus propios elementos podrían enfrentar sanciones que van hasta la destitución.
Lo que comenzó como un incidente de ataque canino derivó en una crisis institucional. El contralor municipal, Francisco Rafael Rodríguez, compareció este lunes ante medios de comunicación para confirmar lo que muchos ciudadanos ya exigían: que la actuación de los propios servidores públicos será sometida a escrutinio formal, tanto penal como administrativo.
La Fiscalía General del Estado tomó la delantera e inició de oficio las investigaciones para deslindar responsabilidades, sin esperar denuncia de parte. Esto coloca bajo la lupa no solo a los efectivos de Policía Municipal y Protección Civil que atendieron el llamado, sino también a otras personas —funcionarios o particulares— que hayan intervenido en la cadena de decisiones que terminó con el animal muerto, atado a un poste en la vía pública.
“Podrían aplicarse sanciones que van desde suspensiones hasta la destitución de los elementos involucrados”, afirmó el contralor Rodríguez.
En paralelo, la Contraloría Interna del Ayuntamiento abrió su propio procedimiento administrativo. El funcionario fue enfático: las conclusiones de la Fiscalía marcarán el ritmo y el alcance de las sanciones internas.
El caso encendió los reflectores porque la forma en que murió el animal —más allá del ataque original— generó cuestionamientos sobre el protocolo que deben seguir las corporaciones ante este tipo de incidentes.
Por ahora, las autoridades reiteraron que actuarán conforme a la ley y que se garantizará la determinación de responsabilidades. Frases de rigor que, en este caso, tendrán que respaldarse con resultados concretos ante una ciudadanía que ya no acepta declaraciones sin consecuencias.
